Aunque del total de casi 30 mil casos detectados de coronavirus en México hay pocos menores de edad, «no quisiéramos que fuera nuestro hijo o hija ni el hijo o hija de la gente que queremos», por lo que organizaciones internacionales llamaron a protegerlos garantizándoles una alimentación sana que refuerce su sistema inmunológico y los ayude a combatir el sobrepeso y obesidad.
Ciudad de México, 7 mayo (SinEmbargo).– El Gobierno de México debe implementar ocho medidas, entre ellas ampliar la entrega y presupuesto de los programas alimentarios y programas sociales a familias vulnerables, para evitar que las tasas de desnutrición, anemia y obesidad en niños, niñas y adolescentes aumenten, urgieron los representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS-OPS).
«El panorama en México en materia de nutrición infantil era ya preocupante antes de la pandemia. El 20 por ciento de los hogares carecía de acceso alimentario y la población en general estaba afectada por la carga de la mala nutrición. Antes de iniciar el confinamiento, el 15 por ciento de los menores de 5 años de edad padecía de desnutrición crónica, 38 por ciento de los bebés de 12 a 24 meses padecía de anemia y el 36 por ciento de niños en edad escolar tenía sobrepeso y obesidad», expuso en conferencia virtual Christian Skoog, representante de UNICEF en México.
Esas cifras, sentenció con un mapa del país de fondo, «corren el riesgo de aumentar drásticamente si la crisis económica derivada de la COVID-19 conduce a una menor cantidad, frecuencia y diversidad de alimentos consumidos, por lo que urge sumar esfuerzos para anticipar, prevenir y combatir la carencia de alimentos básicos en la infancia y adolescencia».
A pregunta expresa de SinEmbargo sobre cómo evitar que la entrega de estos programas sociales implique un riesgo de clientelismo electoral, los ponentes decidieron no responder.
Un estudio sobre las afectaciones generadas por la crisis financiera global de 2008-09, revela que en México el 14 por ciento de los hogares con menores de 18 años reportaron que sus hijos comieron una vez al día o dejaron de comer todo un día, mientras que las familias que experimentaron inseguridad alimentaria severa pasaron de 8 por ciento en 2008 a 17 por ciento en 2009, dimensiona el documento de las organizaciones publicado este jueves.
Sobre obesidad infantil, Cristian Morales Fuhrimann, representante de la OMS-OPS en México, comentó que la alta letalidad observada por el coronavirus en el país tiene muchas aristas, entre otros factores, porque la población se está presentando a los hospitales con un cuadro ya muy avanzado de la COVID-19 y por la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, hipertensión y la diabetes tipo II.
«La enfermedad de la COVID-19 adquiere un carácter más agresivo porque hay más gente con factores de riesgo», dijo. «México es el segundo país con mayor obesidad en el mundo en sus niñas y niños, por lo que hay una alta prevalencia de diabetes e hipertensión en edades tempranas».
Aunque del total de casi 30 mil casos detectados de coronavirus en el país la proporción de menores de edad es muy pequeña, «los hay y no quisiéramos que fuera nuestro hijo o hija ni el hijo o hija de la gente que queremos, entonces tenemos que protegerlos, y una forma de protegerlos es asegurarle una alimentación sana que refuerce su sistema inmunológico y los ayude a combatir el sobrepeso y obesidad», resaltó Morales.
AMPLIACIÓN DE PROGRAMAS DE DIF
Las organizaciones internacionales recomiendan asegurar la alimentación saludable desde el inicio del ciclo de vida, empezando con la lactancia materna y la alimentación adecuada de los menores de 2 años.
«Se debe impulsar la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna óptima (exclusiva hasta los 6 meses y continuada), ya que es un componente crítico de respuesta para proteger a las niñas y niños pequeños en el contexto del COVID-19, pues fortalece sus defensas frente al ambiente de potencial contagio de enfermedades», resalta el documento publicado este jueves.
La segunda y tercera recomendación se enfoca en los apoyos con programas. Los programas sociales de cualquier nivel de gobierno necesitan considerar la dimensión de protección alimentaria en sus acciones, por ejemplo, ampliando los programas de transferencia monetarias o vales de compra para asegurar que las familias más vulnerables tengan satisfechas sus necesidades básicas y las inmediatas de alimentación.
El Gobierno, dicen, debe priorizar la operación y ampliación temporal de presupuesto para los programas alimentarios que garanticen una entrega mínima de alimentos con calidad nutricional a las familias en condiciones de vulnerabilidad, que contemplen la incorporación de leguminosas, harina de maíz, avena, verduras y de ser posible frutas y carnes.
Estos programas alimentarios, coordinados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y operados por los Sistemas Estatales y Municipales DIF, tales como Desayunos Escolares y Asistencia Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre, además de otros como el Servicio de Alimentación de Escuelas de Tiempo Completo, deben contar con el respaldo de los gobiernos federal, estatales y municipales. Se recomienda valorar la posibilidad de ampliación temporal de presupuesto para aumentar la cobertura en beneficio de un mayor número de familias vulnerables con niñas, niños y adolescentes.
Además, ante el cierre de las escuelas en el país, urgieron una adaptación operativa para los programas de alimentación escolar que entregan diariamente raciones nutritivas para evitar el riesgo de malnutrición en los más de 6 millones de niñas, niños y adolescentes atendidos en México por el programa de Desayunos Escolares del SNDIF y los cerca de 1.5 millones atendidos por el Servicio de Alimentación de Escuelas de Tiempo Completo de la SEP. Por ejemplo, con dotaciones alimentarias en casa, raciones alimentarias para llevar a casa o transferencia de efectivo/vales de compra.
«Para la región de América Latina y el Caribe, la CEPAL preve un fuerte aumento en el desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualad: 30 millones más de pobres en la región y 15 millones más de pobres extremos, entre ellos, niños y niñas que dependen de programas de alimentación escolar. Esta pandemia tendrá por meses y probablemente años efectos en el crecimiento económico no vistos desde la Primera Guerra Mundial», observó Lina Pohl Alfaro, Representante de la FAO en México.
Pohl abundó en la recomendación de las donaciones de ayuda alimentaria a enfermos de coronavirus, las cuales pidió que sean nutritivas (no ultraprocesados) y que fortalezcan algún programa nacional o estatal existente, ya que cuentan con la estructura y experiencia de distribución para operar adecuadamente la entrega minimizando el riesgo de contagios.
«Las donaciones y distribución de alimentos sanos y nutritivos son necesarios. En cambio, los alimentos ultraprocesados, con alto contenido de nutrimentos críticos como azúcares, grasas y sodio, no deben ser permitidos en las donaciones ni distribuidos, aunque exista un contexto de emergencia, puesto que afectan negativamente la salud y calidad de la dieta familiar, especialmente de niñas, niños, adolescentes poniéndolos en mayor riesgo de obesidad, diabetes, desnutrición y deficiencia de nutrientes», enfatiza el documento.
Las otras recomendaciones de las organizaciones internacionales abordan la calidad de los apoyos alimentarios y donaciones; la aplicación de normas y medidas preventivas de higiene a lo largo de la cadena de suministro de alimentos en la producción, almacenamiento, distribución de apoyos alimentarios y venta en mercados, supermercados u otros puntos; y finalmente la compra a productores locales, considerando la alteración a la logística por las disposiciones sanitarias y se deben realizar esfuerzos para mantener las cadenas de suministro agrícola y fortalecer los vínculos de mercado para los productores locales.
«Los sistemas de compras públicas gubernamentales, en especial lo correspondiente al DIF y a SEGALMEX-DICONSA, necesitan priorizar y agilizar los procesos de compras, especialmente a pequeños productores locales para dinamizar la economía, y se recomienda activar los mecanismos de contraloría social para la vigilancia de la disponibilidad y acceso a la alimentación, sobre todo a nivel de las comunidades rurales, durante el periodo de distanciamiento social», dice la última recomendación.
